Un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Udef Central cifra en una cantidad estimada de 163.736,92 euros las prestaciones gratuitas en actividades de caza que habría recibido el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, de las sociedades pertenecientes al grupo Avialsa, cuyo propietario es Vicente Huerta, y que funcionaban como caja única.
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