El Gobierno de Castilla-La Mancha, de la mano de los colegios de abogados de todas las provincias y del Colegio de Trabajadores Sociales de la región, va a ampliar la cartera de servicios que presta a través de las oficinas de intermediación hipotecaria, atendiendo a aquellos casos de familias en riesgo de exclusión social que vayan a ser desahuciadas de sus viviendas de alquiler.
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